Equilibrio de los arrecifes de coral del Caribe está en peligro

Aunque la pesca de peces loro está prohibida en Colombia, algunos pescadores continúan vendiendo estas especies a los turistas bajo el nombre de Pargo Loro. Una propuesta para ampliar la reserva de la biósfera, busca establecer medidas de conservación transfronterizas para proteger a los ecosistemas coralinos del Caribe en su conjunto y evitar su acelerada degradación.

Investigación periodística de Mongabay Latam pone en evidencia el precario equilibrio en que se encuentran las áreas de coral en el Caribe. En efecto a propósito del peligro que corren esos ecosistemas marinos, la pesca de pez loro (Scaridae) en Colombia está prohibida desde julio 2019, porque su desaparición también afecta a los arrecifes de coral, lo que se vuelve más preocupante, considerando que por lo menos cinco de las especies de pez loro se encuentran amenazadas de extinción.

Pese a ello, su captura no se ha detenido. Más de 6000 kilogramos de distintas especies de pez loro fueron incautados por la Armada Nacional al interior del área marina protegida Seaflower el pasado 23 de octubre.

El problema es que la pesca ilegal de los peces loro no solo amenaza a sus disminuídas poblaciones, sino que también a los arrecifes de coral ya que estos dependen de los primeros para mantenerse sanos.

La reserva marina Seaflower, ubicada en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, reúne más del 77 % de las áreas coralinas de Colombia y fue también declarada reserva de la biósfera por la Unesco, pues alberga a la tercera barrera coralina más grande del mundo.

Sin embargo, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina) asegura que “en los últimos años se ha visto cómo los arrecifes del Caribe colombiano se han degradado constantemente”.

El calentamiento global, la contaminación y también la sobrepesca de peces, como el loro, han provocado una tendencia sostenida de reducción de la cobertura coralina. Según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el 60 % de los arrecifes del país está bajo algún grado de amenaza, el 20 % puede desaparecer en la próxima década, un 19 % ya ha sido destruido y un 15 % se encuentra en estado crítico.

Sin peces loro no hay arrecifes de coral

Los peces loro, al ser herbívoros, se alimentan de las algas que cubren los corales. Si estos peces desaparecen, las macroalgas proliferarían generando un desastre en cadena.

Ximena Escovar Fadul, experta en conservación marina para la ONG Seacology, explica que por ejemplo la langosta, un importante recurso para los pescadores de San Andrés y Providencia, “se caería al piso”. Según la científica, “al eliminar los peces loro estás eliminando [precisamente] a las especies que comen las macroalgas, que compiten con los corales, lo que provoca que aumente la macroalga”. El problema de esto, explica, es que “un arrecife dominado de macroalgas va a tener menos complejidad, menos rugosidad”, es decir, “será un arrecife mucho más plano en vez de uno con montañitas, huecos y cavidades donde vive la langosta”, precisa. En definitiva, la disminución de peces loro acabaría con el hábitat de pesquerías que son parte importante del sustento económico y alimenticio de las comunidades costeras.

La resolución de Coralina, que prohibió en 2019 la pesca de peces loro en Colombia, señala que cada kilómetro cuadrado de arrecife sano “puede cubrir las necesidades proteicas de más de 300 personas, en donde los arrecifes de coral proporcionan un 10 % aproximado de la producción mundial sostenible de proteína marina para alimentación humana”. Además, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) afirma que cada kilómetro cuadrado de arrecife de coral entrega beneficios calculados entre US$100 000 y US$600 000.

Los peces loro son también creadores de una buena parte de las playas blancas del Caribe. Al alimentarse de las macroalgas, los peces muerden y comen pedazos de roca arrecifal. En ese proceso, llamado bioerosión, los peces excretan arena blanca y “se estima que un pez adulto puede llegar a expulsar entre 40 y 200 kilogramos de arena por año”, asegura Coralina en su resolución. De hecho, “científicos estiman que el 70 de las playas blancas del Caribe y de Hawái han sido formadas con la arena expulsada por los peces loro”, precisa el documento.

Estos peces, a pesar del importante rol que cumplen en la conservación de los ecosistemas coralinos, están gravemente amenazados debido a la fuerte presión pesquera que hay sobre ellos. El pez loro de media noche (Scarus coelestinus), el loro azul (Scarus coeruleus) y el loro guacamayo (Scarus guacamaia), están catalogados como En Peligro, según el Libro rojo de peces marinos de Colombia. La razón es que sus poblaciones han disminuido por sobre el 50 % en los últimos años, asegura un diagnóstico del estado de las especies de peces loro realizado por el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andréis (Invemar). Además, el pez loro brilloso (Sparisoma viride) y el pez loro reina (Scarus vetula) están considerados como Casi Amenazados.

El delicado estado de conservación de los peces loro y la gravedad de las consecuencias que tendría su desaparición llevó al Estado colombiano a prohibir su pesca en julio 2019.

Sin embargo, el cumplimiento de esa ley requerirá de un tiempo para concientizar a la población.

June Marie Mow, directora ejecutiva de la Fundación Providence, la organización que trabaja junto a Coralina en el proceso de educación y concientización para acabar con el consumo de peces loro, asegura que dichos peces “desafortunadamente son muy apetecidos al paladar”. Tanto en San Andrés como en Providencia pero también en República Dominicana y en Jamaica “tradicionalmente se ha comido pez loro”, dice.

La propuesta de ampliar Seaflower

Según Coralina, los 6725 kilos de pez loro fueron incautados a dos embarcaciones de bandera jamaiquina. “En Jamaica casi toda la pesca está muy deprimida”, asegura Mow y agrega que es por eso que los pescadores de ese país van a buscar recursos a otros sitios, entre ellos la reserva de Seaflower. “Esa zona es muy grande y pensamos que hay mucha pesca ilegal”, señala Mow.

Por otra parte, Escovar Fadul asegura que la disputa territorial por el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que enfrentó en 2012 a Colombia y Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia en la Haya, generó cambios en las actividades pesqueras que han perjudicado a los arrecifes.

Actualmente, la reserva de la biósfera Seaflower posee 180 000 km2 y en su interior está la reserva marina del mismo nombre, declarada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia. Una alianza entre ONG de seis países del caribe sur occidental, han creado una propuesta llamada Gran Seaflower que busca ampliar la actual reserva a 500 000 km2 y convertirla en un área protegida transfronteriza administrada por Jamaica, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Panamá y Colombia.

“El caribe es como un rosario, un collar de pequeños ecosistemas unidos entre sí por las corrientes marinas”, explica Leonardo Anselmi, director de la Fundación Franz Weber que impulsa la propuesta. Esta reserva, asegura Weber, permitiría conectarlos a todos ellos y también con el sistema arrecifal mesoamericano. “Los gobiernos de todo el mundo, pero particularmente del Caribe, tienen que comenzar a romper la vieja lógica de que la naturaleza quede supeditada a nuestras decisiones de división territorial”, dice Weber y agrega que “es necesario realizar esfuerzos transfronterizos para proteger aquellos ecosistemas que no pueden ni deben ser parcelados”.