Corte de Apelaciones de Copiapó dicta orden de no innovar y suspende proceso de licitación del litio

En fallos unánimes, la Primera Sala del tribunal de alzada acogió la solicitud del gobernador regional de Atacama y de comunidades indígenas, respectivamente, y dio un plazo de de 10 días para que la parte recurrida evacue un informe sobre la materia.

La Corte de Apelaciones de Copiapó dio por interpuestos sendos recursos de protección, dictó orden de no innovar y dispuso la inmediata suspensión del proceso de selección y adjudicación del proceso de licitación pública nacional e internacional para la exploración y explotación de yacimientos de litio.

De esta forma, la adjudicación realizada a las empresas BYD Chile Spa y Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A. quedó suspendida, evitando la explotación de 160 mil toneladas de litio en el norte de Chile, que era lo que contemplaba el proceso.

En fallos unánimes, la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por la ministra Marcela Araya Novoa, el fiscal judicial Carlos Meneses Coloma y la abogada (i) Verónica Álvarez Muñoz– acogió las solicitudes del gobernador regional de Atacama y de comunidades indígenas, respectivamente, y dio un plazo de 10 días para que la parte recurrida evacue un informe sobre la materia.

“Téngase por interpuesto recurso de protección. Pídase informe a los recurridos (ministro de Minería y subsecretario de minería), el que deberá evacuarse dentro de décimo día, debiendo acompañar todos los antecedentes que obren en su poder”, ordena la corte copiapina.

“Ofíciese a efectos de notificar a la recurrida por la vía más expedita de la interposición del presente recurso y la concesión de orden de no innovar, adjuntando copia del recurso y de la presente resolución”, añade.

La acción judicial había sido ingresada por el gobernador de Atacama, Miguel Vargas, antes de que el Ministerio de Minería anunciara la adjudicación de dos de las cinco cuotas que se ofrecían.

También interpuso una acción judicial la Comunidad Indígena Colla Pai Ote, que apunta contra los plazos de la licitación, que calificó como irracional y también a las bases, por dos motivos: favorecen a algunos potenciales oferentes en desmedro de otros y “no contemplan ninguna consideración a los graves efectos de estos proyectos en los territorios indígenas, ni siquiera la consulta”.

Independiente de las acciones judiciales, la bancada de diputados del Partido Socialista, junto a las bancadas de partidos de la oposición presentaron un oficio ante la Contraloría General de la República para dejar sin efecto el acto administrativo de la licitación del litio por parte del gobierno, apuntando a “vicios de legalidad en el proceso de adjudicación”.

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