“Acuerdo de Escazú” pionero mundial en protección de defensores del medio ambiente, no será ratificado por gobierno chileno

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El 4 de marzo de 2018, un total de 24 países de América Latina y el Caribe, incluyendo Chile, firmaron un acuerdo regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y la Justicia en Asuntos Ambientales para esta parte del continente americano, lo que representa el primer acuerdo regional vinculante sobre el medio ambiente. Pero es necesario que antes del 27 de septiembre de este año, al menos 11 de los 33 países de América Latina y el Caribe ratifiquen el Acuerdo para que este pueda entrar en vigor. Hasta ahora solo 9 naciones lo han ratificado y Chile es el único país de la región que anunció públicamente que no firmará.

En 1992, el Principio 10 de la Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, aseguró que “el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados”. 26 años después, 24 países de América Latina y el Caribe establecieron un acuerdo regional que busca garantizar el acceso a la información ambiental, la participación ciudadana y la justicia ambiental, hecho ocurrido el 4 de marzo de 2018 en la localidad de Escazú, en la región metropolitana de Costa Rica, de ahí surge su nombre como “Acuerdo de Escazú”.

Lo que siguió a ese hito inicial fue que el 27 de septiembre de ese año, se abrió la etapa de ratificación del tratado, en la Asamblea General de la Naciones Unidas. De esta forma, los países completarán el próximo 27 de septiembre dos años para ratificar el acuerdo, que requiere -para su entrada en vigor- que 11 de las 24 partes lo hayan firmado y ratificado. Con su carácter vinculante, este acuerdo tiene que ser aplicado dentro de 90 días después de la ratificación en cada nación firmante.

Para los gobiernos de la región y para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de la ONU, quien oficiará como Secretaría del Acuerdo, se trata de un «Acuerdo histórico», «innovador», «visionario», «sin precedentes» y «para prevenir conflictos».

Pionero en protección a defensores del medio ambiente

Escazú es el primer tratado a nivel mundial en contener disposiciones específicas para la protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Esta disposición, la más progresista del tratado, está destinada a garantizar que los defensores actúen sin amenazas, restricciones e inseguridad, protegiendo sus derechos a la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión, derecho de reunión y asociación pacíficas, además del derecho a circular libremente, y a ejercer los derechos de acceso.

Esta disposición es de especial relevancia en una región donde los defensores del medio ambiente sufren constantes acosos, violencia e incluso son víctimas de asesinato.

Qué más incluye el Acuerdo de Escazú

Este tratado internacional americano es un instrumento jurídico internacional vinculante, y se considera pionero porque va más allá de la protección del medioambiente, estableciendo garantías a personas, grupos y organizaciones de promoción y defensa de los derechos humanos en asuntos ambientales, además de consagrar la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación como objetivos para lograr la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información y justicia ambiental.

En particular, el tratado establece tres pilares fundamentales para alcanzar el derecho sustantivo a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible para las generaciones presentes y futuras. Estos tres pilares son el derecho de acceso a la información, orientado a garantizar la transparencia de la información ambiental en su dimensión pasiva y activa; el derecho de acceso a la participación en el proceso de toma de decisiones ambientales, particularmente respecto de proyectos o actividades de impacto significativo sobre el medio ambiente, incluido los que afecten a la salud, así como de aquellos asuntos ambientales de interés público; además del derecho de acceso a la justicia en asuntos ambientales, referido a las garantías del debido proceso para acceder a instancias judiciales y administrativas.

Poco más de 2 meses para ratificar o restarse  

El tratado estará abierto a la firma y ratificación de los 33 Estados de la región hasta el próximo 27 de septiembre, por lo que solo restan dos meses y 10 días para su cumplimiento. A la fecha ha sido ratificado por 9 Estados y se requieren 11 para facultar su entrada en vigencia internacional.

Con la ratificación de Ecuador en mayo pasado, solo faltan dos de los 11 países necesarios para que entre en vigencia, debido a que 9 países ya lo ratificaron. Estos son: Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y las Granadinas, y Uruguay.

Chile no firmará

A pesar que el gobierno de Chile fue uno de los primeros en instar la redacción del tratado y participó del proceso inicial a través del Comité Negociador, instancia que lideró y coordinó en conjunto con Costa Rica como copresidentes, finalmente no suscribió el acuerdo y anunció públicamente -en septiembre del año pasado- que no lo hará, a través del propio mandatario Sebastián Piñera, quien dijo en esa oportunidad:  “todo lo que establece Escazú está contenido en la legislación nacional. Por lo tanto, no agrega nada. Tenemos ministerio, Superintendencia, Tribunales. Nuestra legislación protege lo que nosotros protegemos”, dijo el mandatario.

Sin embargo para los países firmantes Chile continúa siendo el gran ausente de esta iniciativa, considerada clave en la lucha contra el cambio climático.