Contraloría detectó que más del 44% de denuncias ingresadas en la Superintendencia de Medio Ambiente entre 2016 y 2019 no fueron gestionadas
La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) se encuentra bajo la lupa de la Contraloría General de la República que cuestiona su desempeño, por no realizar gestiones ante un alto número de denuncias recibidas.
Según publica el medio digital El Mostrador, un estudio elaborado por la Contraloría determinó que 2.508 denuncias, correspondientes al 44,2% de 4.671 ingresadas entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de mayo de 2019, no tuvieron asociada alguna de las gestiones que establece la Ley Orgánica de la SMA.
El escrito precisa que “no consta que la entidad haya ejecutado alguna actividad de fiscalización ambiental o iniciado un procedimiento sancionatorio, ni tampoco que haya ordenado su archivo por falta de mérito”. Y apunta a las sedes de la Superintendencia en Valparaíso y O’Higgins, que cuentan “con un número indeterminado de denuncias ingresadas en los años 2013 al 2016 y que no fueron respondidas ni atendidas en su oportunidad”.
“Se evidenció que la SMA no ha establecido o incorporado dentro de sus gestiones internas un procedimiento o instructivo, así como otras medidas de control y gestión que permitan medir, controlar y alertar ante eventuales dilaciones en las etapas de la tramitación de las denuncias recibidas y que son atendidas por cada oficina regional”, añade Contraloría, ordenando a la SMA emitir un informe en el que detalle las medidas de gestión para uniformar el control en oficinas regionales en un plazo de 60 días hábiles.
Contrataciones sin acreditación
Según el informe, las contrataciones sin acreditación suman, en 2016, $ 33.404.716. Luego en 2017 subieron a $ 77.533.968. En 2018 llegaron a $ 97.857.865 y durante 2019 bajaron a $ 49.550.981.
Desde la SMA, el superintendente Cristóbal De La Maza acusó recibo y confirmó que “por mucho tiempo —y tal como indica el informe— en el periodo 2016-2019 la superintendencia mantuvo tiempos de tramitación de denuncias que van más allá de lo razonable”.
De la Maza contó que cuando asumió a fines de 2019 los tiempos de tramitación de denuncias alcanzaban los 300 días, en promedio.
“Además encontramos múltiples denuncias que se mantenían en formato físico, en oficinas regionales, sin ser tramitadas. Detrás de estas denuncias hay personas y entidades que confiaron en la autoridad y ésta no les prestó el servicio como era su deber”, agregó.
Para el superintendente se trata de un desafío para lograr “fortalecer nuestra institucionalidad” y, para ello, determinó la implementación de acciones para mejorar sus indicadores. Sin embargo, agregó que “todas estas acciones son insuficientes para abordar el volumen de denuncias que recibimos. Aquí necesitamos reforzar nuestra superintendencia desde el presupuesto”.
“Si queremos mayor protección ambiental, no basta con más leyes y regulaciones. Requerimos poner foco en el cumplimiento normativo y para ello hay que incorporar mayor dotación en la SMA”, cerró.
