Las razones por las que Chile le cerró la puerta al “Acuerdo de Escazú” el primer gran pacto medioambiental de América Latina y el Caribe

Las razones que da Chile para no firmar el acuerdo “develan la incomodidad que le provoca al gobierno que la agenda de derechos humanos y medio ambiente se mezclen”, comentó la abogada, doctora en derecho ambiental y directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, Valentina Durán

Este sábado venció el plazo para firmar la ratificación del Acuerdo de Escazú y Chile confirmó su ausencia, a pesar de haber sido impulsor de la iniciativa en sus inicios junto a Costa Rica, participando activamente en los 4 años previos de negociación y su posterior firma en 2018. Las razones para no adherir al Acuerdo según el gobierno chileno es que incluye “ambigüedades” en algunas normas que “prevalecerían sobre la legislación interna”, causando confusiones jurídicas y exponiéndoles a posibles demandas internacionales.

El “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, fue firmado el 4 de marzo de 2018 en la ciudad de Escazú, Costa Rica, por eso es conocido como “Acuerdo de Escazú”. Entre sus definiciones señala que precisamente hoy 26 de septiembre de 2020 debía estar suscrito por al menos 11 de las 22 naciones firmantes iniciales, para que pueda empezar a regir y solo se reunieron 10 firmas.

Para la comunidad ambiental internacional, Chile le dio un portazo en la cara al Acuerdo debido a que -a pesar de haberlo impulsado- no se sumó, impidiendo así su entrada en vigencia.

Anuncio del gobierno

El pasado martes 22 de septiembre en una conferencia de prensa conjunta, el ministro de Relaciones Exteriores Andrés Allamand y la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, explicaron las razones finales que argumentan la negativa del gobierno a sumarse al acuerdo.

El ejecutivo chileno considera que el tratado de Escazú contiene obligaciones “ambiguas” que podrían condicionar las legislaciones ambientales de Chile, crear incertidumbre jurídica y exponerles a controversias internacionales.

En ese contexto, recuerdan que el hecho de que se reconozcan derechos de defensores medioambientales otorgaría “un estatus diferente al de otras agrupaciones de derechos humanos, afectando así la igualdad ante la ley”.

El análisis agregó que el acuerdo no define sus principios y que eso provoca “un problema interpretativo”.

Al comienzo del documento que resume las razones, se asegura que “Chile tiene una legislación ambiental que es reconocida, nacional e internacionalmente, por su contenido, alcance y consistencia”.

En paralelo, apenas unas horas antes, el Presidente Sebastián Piñera aseguraba que Chile está “totalmente comprometido” con el cambio climático ante la Asamblea de las Naciones Unidas.

Centro de Derecho Ambiental de la U de Chile

Tras la confirmación por parte del gobierno que Chile no ratificará el Acuerdo de Escazú, la Directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, abogada y doctora en derecho ambiental,  Valentina Durán, en entrevista radial señaló que “el gobierno de Chile ya le puso la lápida al Acuerdo de Escazú,  primero se tomó dos años para pensar, dilatando la decisión final, esgrimieron inicialmente riesgos imaginarios de demanda en La Haya, luego señalaron desde el gobierno que no era necesario sumarse porque Chile ya cumplía lo que señala el acuerdo, por tanto para qué firmar y ahora finalmente señalan que es inconveniente, deslizando con ello una serie de razones que develan la incomodidad que le provoca al gobierno que la agenda de derechos humanos y medio ambiente se mezclen”, explicó la abogada.

En cuanto a la relevancia del acuerdo, Valentina Durán recuerda que “el Acuerdo de Escazú reconoce el principio de Progresividad y el Principio de No Regresión. Lo que implica en ambos casos que los Estados pueden ir avanzando en la medida de sus posibilidades, pero nunca retrocediendo en la implantación de sus medidas ambientales, lo que es un compromiso de cara al mundo, para detener el deterioro del planeta”.

En cuanto a la señal del gobierno sobre esta decisión, Durán señala que “acá hay un problema de inconsistencia y de incoherencia. Escuchar al Presidente Piñera en la Asamblea de las Naciones Unidas, hablando sobre la importancia de la cooperación y la colaboración para el desarrollo sostenible, el mismo día en que se comunica oficialmente la no firma del acuerdo de Escazú, es de una contradicción brutal”, aseguro la abogada.

Los alcances del Acuerdo

Lo que viene

Tras el vencimiento del plazo para la firma y entrada en vigencia del tratado, hasta el momento solo diez de los 22 países firmantes en 2018 lo ratificaron. Se trata de Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Uruguay y Argentina.

Lo que queda a partir del vencimiento de este plazo, es que después la ratificación por parte de las naciones latinoamericanas y del Caribe continuará siendo posible, pero mediante el mecanismo de adhesión, en que los países firman y ratifican el Acuerdo en un solo paso en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York.

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