Balance ambiental chileno 2020: Se avanza en compromisos internacionales pero perduran deudas históricas

Chile fue el primer país de América Latina en entregar sus compromisos climáticos para lograr neutralizar sus emisiones de carbono al 2050, pero la contaminación en las zonas de sacrificio y la crisis hídrica continúa sin solución. A ello se suma la negativa a firmar el Acuerdo de Escazú, lo que se transformó en uno de los puntos negros de la gestión ambiental. Aquí mostramos un resumen del análisis realizado por la organización ambientalista Mongabay Latam, a la gestión ambiental chilena,

Para frenar la crisis climática es necesario alcanzar la neutralidad de carbono para el 2050, es decir, que para ese año la humanidad deje de emitir a la atmósfera más dióxido de carbono (CO2) de lo que el planeta es capaz de soportar. Si no logramos eso, la temperatura se elevará por sobre los 1,5° C respecto al período preindustrial y se generarán impactos en cadena sobre los ecosistemas y nuestra forma de vida. En ese importante desafío, Chile destacó como uno de los países pioneros en el mundo en comprometerse con medidas concretas.

Este evento marcó positivamente el balance ambiental del país durante este 2020 aunque antiguos problemas, como la crisis hídrica y la contaminación en las llamadas zonas de sacrificio, siguen pendientes. Quienes sufren los impactos de estos dos grandes conflictos aseguran que la imagen de Chile ante el mundo como país líder en temas ambientales es “una mentira”.

Además, la negativa del país a firmar el Acuerdo de Escazú —el primer gran tratado medioambiental de Latinoamérica— provocó duras críticas entre la oposición y organizaciones defensoras del medio ambiente.

Lo bueno: el camino hacia la descarbonización

Todos los países que suscribieron en 2010 el Acuerdo de París —el tratado internacional más importante en la lucha contra el cambio climático— deben presentar compromisos conocidos como Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) para reducir al 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero en un 45 % y suprimirlas en 2050. Chile fue el primer país de Latinoamérica y uno de los 10 primeros en el mundo en presentar este año sus NDC.

Dicho plan del país se sustenta en cuatro áreas: cambiar el sistema de transporte a uno basado en combustibles limpios, descarbonizar la matriz energética para utilizar energías renovables, aumentar la eficiencia energética y potenciar la forestación y reforestación.

El exministro de Medio Ambiente durante el período presidencial de Michelle Bachelet, Marcelo Mena, reconoció la entrega de las NDC como un avance importante y positivo no tan solo a nivel nacional sino también regional ya que aseguró a Mongabay Latam que “Latinoamérica avanza hacia la descarbonización pautada por el compromiso de Chile”.

El presidente Sebastián Piñera precisó, durante la cuenta pública de agosto, que al término de su gobierno (en marzo 2022), de los 6800 buses que conforman la red de buses de Santiago, más de 5000 serán ecológicos y que al año 2024 más del 30 % de la capacidad de generación de energía a carbón habrá sido reemplazada por energías limpias. De hecho, Ricardo Bosshard, director de WWF Chile, señaló que en octubre pasado el 28,1 % del total de la energía generada en el país provino de fuentes sustentables lo que asegura es “una cifra histórica”.

Además, un proyecto de ley que busca que las centrales de energía a carbón o termoeléctricas se cierren en 2025 ha permitido instalar la discusión sobre la necesidad de adelantar ese proceso que por ahora tiene como plazo el 2040. “Esa discusión ya se ha vuelto ineludible”, asegura Bosshard.

Además, el ministro de energía, Juan Carlos Jobet, anunció un plan que busca avanzar hacia la producción de un nuevo combustible que tiene tres veces más energía por unidad de masa que la gasolina y que no contamina: el hidrógeno verde. “Ahí sí hay una chance de volcar al país hacia algo más sustentable”, asegura Mena.

Lo preocupante: Chile le da la espalda a Escazú

En opinión del exministro Mena, el liderazgo alcanzado por Chile en materia de crisis climática se vio opacado por la negativa a firmar el acuerdo de Escazú lo que “pasa a ser uno de los puntos negros de la gestión ambiental’, asegura.

Aunque Chile fue uno de los promotores de este primer tratado internacional —que reconoce el deber de los Estados de Latinoamérica y el Caribe de proteger a los defensores ambientales, así como de garantizar el acceso a la información, la participación y la justicia ambiental— finalmente desistió de firmarlo.

Las razones de la decisión fueron presentadas en un informe “muy poco serio”, asegura Fabia Liberona, directora de Fundación Terram, ya que dicho documento no tiene un responsable, ni tampoco cuenta con firmas de los ministros.

Entre los fundamentos del Gobierno está el hecho de que Escazú contendría obligaciones «ambiguas» que podrían condicionar las legislaciones ambientales de Chile, crear incertidumbre jurídica y exponer al país a controversias internacionales.

Lo trágico: la larga espera de las zonas de sacrificio

En mayo se cumplió un año desde que la Corte Suprema dictara un histórico fallo en favor de las comunidades de Quintero y Puchuncaví, dos comunas de la región de Valparaíso donde más de 1700 personas —principalmente niños— fueron intoxicados en 2018 por emisión de gases contaminantes.

El máximo tribunal ordenó al Estado implementar 15 medidas para determinar la fuente y los responsables de la crisis, así como resolver el problema de contaminación que lleva años afectando a esta ‘zona de sacrificio’, considerada como tal debido a que la alta concentración industrial la ha devastado ambientalmente.

En respuesta a la sentencia, el Ministerio del Medio Ambiente dio inicio este 2020 a la elaboración de un proyecto para normar compuestos orgánicos volátiles en el aire, entre los que se encuentran los gases de hidrocarburos que por ahora no se miden, y también inició el proceso para dictar una norma de arsénico.

Los habitantes de Quintero y Puchuncaví, sin embargo, aseguran que las medidas ordenadas por la Corte Suprema no se han concretado principalmente porque hasta ahora no hay claridad sobre qué fue lo que los intoxicó ni quienes son los responsables. “Nosotros no sabemos todavía qué emite cada empresa y menos vamos a saber quiénes nos intoxicaron (…) por lo tanto, la primera medida no se ha cumplido que era la fundamental para nosotros”, dice Katta Alonso, presidenta de la organización civil que ha liderado la defensa ambiental del territorio Mujeres de Zona de Sacrificio Quintero – Puchuncaví.

Por otra parte, Katta Alonso asegura que “para que una norma exista pueden pasar 20, 40 años si no hay voluntad política. Ese es el problema del fallo de la Corte Suprema, que no les puso tiempo”.

En cuanto al plan de descontaminación elaborado por el Gobierno luego de las intoxicaciones de 2018, tampoco contempla la contaminación de suelos y agua y “permite (a las empresas) salirse de la norma 163 veces en el año”, asegura Alonso. Es “vergonzoso”, dice la defensora ambiental y en “el día a día seguimos exactamente igual”, agrega.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó en mayo un escrito ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso para pedir cuenta sobre el cumplimiento de la sentencia. “Todavía no sabemos qué efectos podrían provocar sobre la salud de quienes viven en estas comunas los compuestos químicos presentes en la zona (…) la Corte Suprema ordenó investigar y determinar dichos efectos. El resultado sigue pendiente”, dijo Sergio Micco, director del INDH, en un comunicado.

Lo problemático: la crisis del agua

Un segundo conflicto que Chile viene arrastrando desde hace años es la crisis hídrica. Si bien este año las lluvias fueron más abundantes que en 2019, expertos aseguran que no fueron suficientes como para revertir la megasequía que ya lleva una década golpeando a la zona centro del país. En comunas como Petorca, La Ligua o Putaendo, en la región de Valparaíso, simplemente no hay agua.

Las razones son principalmente tres: la escasez de precipitaciones debido a efectos del cambio climático, ciclos naturales propios del clima semiárido que caracteriza a la zona y una sobredemanda de agua principalmente desde el sector agrícola.

El bosque nativo de la zona central, de tipo esclerófilo, cumple importantes funciones ecosistémicas, entre ellas regular el balance hídrico y actuar como una barrera natural para contener la desertificación. Sin embargo, la superficie boscosa ha disminuido a través de los años para permitir la expansión agrícola, principalmente frutícola, afectando los acuíferos.

La directora de la Fundación Terram es crítica al señalar que “el Presidente Piñera sigue insistiendo con hacer nuevos embalses para expandir la producción agrícola, el modelo agroexportador, en vez de estar preocupado de la situación de agua en la que están las comunidades”.

En efecto, durante la cuenta pública realizada en agosto 2020, el presidente anunció que se ha puesto en marcha la construcción de 26 embalses, además de 12 plantas desalinizadoras que se sumarán a las 23 que ya funcionan en el país. “Sin dudas, consolidar nuestro mundo rural, transformar a Chile en una potencia agroalimentaria va a significar en un tremendo impulso a nuestras regiones”, dijo el Presidente.

En paralelo, el Senado aprobó a inicios de diciembre tramitar un proyecto de ley que busca someter a Estudios de Impacto Ambiental a los proyectos forestales.

Lo malo: la pandemia y el recorte de presupuesto

Si bien la pandemia permitió la recuperación de la biodiversidad en muchos lugares, el presupuesto para conservar las áreas naturales protegidas se vio fuertemente impactado.

En efecto, la crisis sanitaria por el COVID-19 impactó el presupuesto de las áreas naturales protegidas ya que el 60 % del financiamiento anual proviene de las entradas que pagan los turistas, asegura Miguel Díaz, gerente de Áreas Silvestres Protegidas de CONAF. “La redistribución del gasto interno del país a cosas más prioritarias significó un recorte en compra de materiales, combustible y salarios para servicios que hay que contratar externamente”, precisa Díaz.

Además, las repercusiones de este impacto son mayores si se considera que Chile es uno de los 10 países que invierten menos fondos en la conservación de su biodiversidad a nivel global, de acuerdo a un estudio científico publicado en 2013. Según Díaz, Chile invierte en promedio unos 40 centavos de dólar por hectárea protegida mientras que, por ejemplo, Argentina invierte entre 8 y 10 dólares por hectárea.

Un análisis realizado por fundación Terram muestra que desde 2017 la tendencia del aporte fiscal al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado es a la baja y no será distinto en 2021, ya que el presupuesto total disminuye en 3,9 % respecto del 2020.

Por otra parte, las áreas marinas protegidas (AMP) también tienen un presupuesto limitado y, según Wildlife Conservation Society (WCS), sin considerar la extensión en superficie que han tenido las AMP desde el 2018, “el financiamiento existente sólo cubre un 1,7 % del monto estimado como necesario para un funcionamiento apropiado de las áreas marinas existentes”.

Lo esperanzador: una nueva constitución

Científicos, conservacionistas y abogados cercanos a causas ambientales han resaltado las posibilidades que se abren con la redacción de una nueva constitución.

Según expertos constitucionalistas, la nueva carta magna chilena tiene la posibilidad de tener una visión transversal, en la que la protección al medio ambiente esté presente en todos los ámbitos en los que se desarrolla el país. El objetivo, dice Liliana Galdámez, profesora e investigadora del Centro de Derechos Humanos de la facultad de derecho de la Universidad de Chile es “apostar a un Estado de derecho ambiental”, donde el derecho a un medio ambiente sano tenga mayor trascendencia e inspire al actuar de todos los órganos del Estado.

Por ello, sostuvo Galdámez, es clave incluir al medio ambiente dentro de los primeros artículos de la constitución que son los que básicamente establecen los valores fundamentales del Estado. Esos artículos “son muy importantes”, dice la abogada, porque “a partir de esas reglas primeras se reinterpreta toda la constitución” y con esta decisión, añade, se contribuiría para que «algunas dimensiones que hoy día están en el texto, como el deber del Estado de tutelar la protección de la naturaleza, se lean mejor, se entiendan mejor, tengan un alcance más amplio y significativo”.

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